Lo que no contó a los ciudadanos, como publica hoy LA GACETA con pruebas documentales, es que el
Gobierno tomó la decisión de cerrar el espacio aéreo dos horas antes de
que los controladores comunicaran a la dirección de AENA que recurrían
al amparo del artículo 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea,
que les obliga a informar de “la disminución de sus capacidades
psicofísicas” para desarrollar su labor. Las 61 cartas firmadas por
otros tantos profesionales del colectivo llegaron a los jefes de sala a
las 18.00, cuando ya a las 16.00 los responsables de la entidad estatal
habían optado por establecer el “rate 0”, que es como se conoce en el
argot aeronáutico a la antesala del cierre del espacio aéreo.
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